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Michael Moore reza porque Obama pinchase el teléfono de Trump

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

El documentalista cree que Trump intenta desviar la atención de su propia culpabilidad fingiéndose una víctima de los servicios de inteligencia.

El documentalista estadounidense Michael Moore, uno de los pocos intelectuales que predijo la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de EEUU, ha llegado a afirmar que reza para que Obama tuviese pinchado el teléfono de Trump.

Moore publicó después un texto más largo en el que explica los motivos detrás de su argumento. A su juicio, Trump está intentando apropiarse de la historia del pinchazo de su oficina, pintándose como la víctima, cuando en realidad los servicios de inteligencia estadounidenses pudieron obtener información comprometida sobre su relación con los rusos.

Reproducimos a continuación el texto completo:

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La aplicación con la que Uber ha engañado a las autoridades de todo el mundo

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

La herramienta fichaba a los agentes de policía de distintas ciudades para que los conductores pudieran evitar sus controles. 

Uber ha estado utilizando una aplicación para engañar las autoridades de todo el mundo durante años, especialmente cuando las autoridades estaban intentando bloquear el servicio, según publica el The New York Times.

La herramienta, con el nombre de Greyball, recopila los datos de la aplicación de Uber para identificar y evitar las autoridades en ciudades como Boston, Paris y Las Vegas y en países como Australia, China, Italia y Corea del Sur. Según el diario, se usaba especialmente en países donde el servicio de Uber estaba prohibido o muchas dificultades en implementarse.

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Brasil sanciona a Indra y le impide contratar con la Administración pública

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

Esta decisión tiene su origen en un procedimiento administrativo del año 2011 iniciado por posibles irregularidades en un contrato de arrendamiento de inmueble suscrito en 2005

Brasil sigue dando dolores de cabeza a Indra. La compañía española ha sido sancionada con la imposibilidad de contratar con la Administración del país latinoamericano por un tiempo indeterminado, tras una investigación llevaba a cabo por las autoridades locales sobre una de las filiales del grupo participado por el Estado y Corporación Financiera Alba.

Según un hecho relevante remitido este domingo, a la subsidiaria del Grupo Indra Brasil Soluçoes e Serviços Tecnologicos (Indra Brasil) le ha sido impuesta una sanción administrativa consistente en la “declaración de inidoneidad” para contratar con la Administración pública brasileña por plazo indeterminado. Esta decisión tiene su origen en un procedimiento administrativo del año 2011 iniciado por la Controladoría Geral do Distrito Federal contra Politec Participaçoes Ltda (Polipar), por posibles irregularidades en un contrato de arrendamiento de inmueble suscrito en el año 2005 entre la Administración regional de Aguas Claras y Polipar.

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El arzobispo niega que usara información personal de una empleada para despedirla

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

Vicente Jiménez dice que tras el despido de la trabajadora autorizó un volcado de datos del ordenador que usaba, pero solo para comprobar si había motivos para instar una demanda canónica.

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, declaró ayer ante el juez en calidad de investigado por un presunto delito de revelaciónde secretos e intromisión en la intimidad. La denuncia fue presentada por una exempleada del Arzobispado, quien mantiene que el prelado autorizó un volcado de los datos del ordenador que usaba en la oficina para conseguir información personal (mensajes de whatsapp, principalmente) y pruebas contra ella. Además de al arzobispo, el magistrado Luis Fernando Ariste interrogó como investigados al ecónomo diocesano, Ernesto Meléndez, y al perito informático que extrajo el disco duro, Jorge Pina.

Según ha podido saber HERALDO, Jiménez declaró que era cierto que ordenó el volcado de datos del ordenador que usaba la abogada María del Carmen Amador hasta que fue despedida como notaria del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza. Pero, acto seguido, el prelado negó que el objetivo fuera buscar conversaciones privadas o conseguir pruebas de despido. De hecho, asegura que este se debió a más de cien faltas no justificadas del trabajo.

La fiscal Mercedes Pinos, que estuvo presente ayer en los interrogatorios, cree que los datos se extrajeron antes del despido y sin autorización de la empleada. A este respecto, el arzobispo explicó al magistrado que el volcado de archivos se efectuó el 30 de junio de 2015, después de entregar a la empleada ante un notario la carta de despido. Según Jiménez, el único fin de dicho vaciado era comprobar si había base para impulsar una demanda canónica contra Amador, ya que esta hacía funciones de notaria eclesiástica y tenían "sospechas" de que había "infringido" su obligación de guardar secreto de las informaciones obtenidas en su trabajo, así como de actividades "injuriosas" o "calumniosas" contra el arzobispado.

El perito precisó después al juez  que clonó el disco duro para efectuar una "búsqueda ciega" de datos, proceso del que también se levantó acta notarial para garantizar la "cadena de custodia". En esa búsqueda se introdujeron palabras como: Vaticano, Roma o Arzobispo.


Demanda canónica

Con la información obtenida, el Arzobispado envió un informe al Tribunal de la Rota, que entendió que sí existían indicios para impulsar la demanda canónica contra Amador y también contra los sacerdotes Roberto Ignacio Ferrer Sarroca (que había sido juez del mismo tribunal interdiocesano que Amador) y de Antonio Mas. Estos dos renunciaron a sus cargos tras despedir a la trabajadora.

Los letrados de los investigados mantienen, y así lo transmitieron al juez en los recursos previos a las citaciones, que el dueño del ordenador es el Arzobispado y que este no debía usarse para cuestiones ajenas al trabajo. El problema radica en que durante la "búsqueda ciega" se hallaron conversaciones de whatsapp de la denunciante, ya que esta había sincronizado su teléfono móvil con la computadora. En esas conversaciones, especialmente las mantenidas con los dos sacerdotes mencionados y varios periodistas, se criticaba la actuación del Arzobispado tras la renuncia del anterior prelado, Manuel Ureña, a raíz del escándalo del párroco de Épila, al que se abrió una investigación por presunto acoso sexual a un diácono. El asunto se zanjó con la secularización de este último tras pagarle 60.000 € en concepto de "rescisión laboral".

Susana López, abogada de Amador, dijo al término de las comparecencias de ayer que, por lo declarado por Vicente Jiménez, "parece que el fin justifica los medios". "Ha venido a decir que la actitud que habían adoptado los denunciantes (en referencia a los anónimos difamatorios que supuestamente enviaron a la prensa) les llevó a hacer una investigación e incluso un despido", dijo.

Por su parte, Ernesto Meléndez confirmó al juez que, como ecónomo, contrató tanto al notario como al perito Jorge Pina. El letrado de este último mantiene que fue la denunciante la que introdujo los archivos de whatsapp de forma "consciente y voluntaria" y "sin permiso" del empleador en el ordenador de su trabajo al vincularlo con su móvil mediante el programa iTunes.

Susana López dijo, por contra, que su cliente no metió voluntariamente los datos en el ordenador, sino que fue algo accidental al cargar la batería del Iphone en el equipo informático. Los abogados  de los investigados han solicitado una prueba pericial para que Apple diga si es posible que solo cargando el teléfono se descarguen los whatsapp.

Fuente: http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/03/03/el-arzobispo-niega-ante-juez-que-revelara-informacion-personal-una-exempleada-1162357-300.html

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Los juicios a tuiteros por ensalzamiento terminan con penas de hasta 2 años

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

El maratón de juicios celebrado durante esta semana en la Audiencia Nacional por delitos de apología del terrorismo en las redes se cierra con seis vistas relacionadas con este tipo delictivo que cada vez lleva a más acusados por sus tuits o comentarios ofensivos al banquillo.

Los seis tuiteros que han pasado por el banquillo de la Audiencia Nacional esta semana han reconocido ser los autores de los mensajes en las redes sociales por delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Cuatro de los acusados llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía y aceptaron penas de uno a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación.

Ha sido el caso de Javier, con 22 años, aceptó dos años de cárcel, de los dos y medio que pedía la fiscalía, por difundir mensajes que —según el escrito de acusación y entendía el ministerio público— justificaban actos terroristas de ETA y los Grapo, además de tuits ofensivos contra la Policía y la Corona. 

Sí hubo juicio en el caso del valenciano Jesús María Llastra, de 44 años, que celebró en un comentario de Youtube la muerte del profesor Manuel Broseta por parte de ETA. Ante la Sala, leyó una carta de arrepentimiento, aseguró que se encontraba "en un momento crítico".

El último juicio sonado fue el del barcelonés Arkaitz, en un rifirrafe entre la fiscalía y su defensa, ésta criticó que se hubieran abierto diligencias policiales por una cuenta con unos 220 seguidores, con tuits de hace unos cuatro años y sin conocer el criterio por el cual los peritos seleccionan unas u otras cuentas para abrir investigaciones dado el volumen en redes. La fiscalía, por su parte, mantuvo la acusación y defendió que el delito no está vinculado al número de seguidores sino a la difusión en abierto, a la vista de todo el mundo. El ministerio público pide en este caso penas de dos años de prisión.

En un principio iban a celebrarse siete vistas —en cinco días— por los mismos delitos. finalmente han sido seis ya que el juicio de la joven murciana, Cassandra, por tuits que hacían referencia al asesinato de Carrero Blanco se ha aplazado debido al cambio de abogado de la acusada.

Fuente: http://cadenaser.com/programa/2017/03/04/hora_14_fin_de_semana/1488637350_758867.html

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Detenidas por poner un micro en un peluche para grabar a su ex pareja

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

Las mujeres manipularon el juguete de la hija de una de ellas para instalar un micrófono y escuchar las conversaciones de la niña con su padre.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burjassot (Valencia) a dos mujeres como presuntas autoras de un delito contra la intimidad, tras colocar un dispositivo con micrófono en un peluche de la hija de una de ellas, para grabar las conversaciones de su ex pareja.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de la existencia de un dispositivo de grabación instalado en un peluche de una menor, que había sido introducido después de modificar la cremallera del mismo, han informado fuentes policiales en un comunicado.

Durante las investigaciones realizadas, los policías averiguaron que una mujer, ayudada por otra, habría colocado un dispositivo de grabación en el interior de un peluche de una de sus hijas, para presuntamente escuchar las conversaciones que pudiera tener la menor cuando estuviera con su ex pareja.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes localizaron a las dos mujeres que fueron detenidas como presuntas autoras de un delito contra la intimidad.

Las detenidas, sin antecedentes policiales, fueron puestas en libertad tras prestar declaración, no sin antes ser advertidas de la obligación de personarse ante la Autoridad Judicial cuando para ello fueran requeridas.

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/03/05/58bbf588468aeb45058b45ae.html

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Por qué confiar en la certificación de los sistemas de gestión para la prevención del delito

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

La acreditación es la herramienta establecida internacionalmente para aportar confianza en la certificación.

La Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal, la cual amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, considera que la adopción y ejecución eficaz de un modelo de organización y gestión de la prevención del delito ajustado a los requisitos mínimos, se constituye, dado su carácter de mecanismo de autorregulación de la propia organización, en un elemento exoneratorio o atenuador de dicha responsabilidad.

Una de las opciones con que cuenta una organización a la hora de definir su modelo de prevención del delito es desarrollarlo a partir de alguna norma o especificación técnica elaborada por una entidad de reconocido prestigio. En este sentido, la Asociación Española de Normalización UNE ha publicado recientemente la norma UNE 19601 "Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso", en cuyo preámbulo indica:

"Esta Norma UNE viene a establecer un marco de referencia completo que no sólo permite disponer de sistemas de gestión de compliance penal alineados con las exigencias del Código Penal español, sino completarlos con los estándares internacionales en materia de compliance que contribuyen a cincelar sus contenidos e incrementar su eficacia. Bajo tal premisa, esta Norma UNE facilita diseñar o evaluar sistemas de gestión de compliance penal, que permitan generar o mejorar una adecuada cultura organizativa sensible a la prevención y detección penal y opuesta a las malas praxis que toleran o amparan conductas ilícitas en el seno de las personas jurídicas".

Otro caso similar es el sistema de gestión para la prevención del delito de corrupción en los negocios de acuerdo con la recientemente aprobada norma ISO 37001:2016 "Sistemas de gestión anti-soborno. Requisitos orientativos para su uso". El alcance de esta norma es exclusivamente el relacionado con un sistema de gestión para prevenir y evitar prácticas consideradas como soborno, a todos los niveles de las organizaciones que la implanten.

No obstante, en ambos casos, la implantación de estos sistemas debe cumplir un doble objetivo siendo el primero, como se ha dicho, la prevención de delitos y el segundo el aportar la necesaria confianza a todas las partes interesadas en que esto es así. Y para ello es imprescindible que la implantación de estos sistemas y su eficacia sean contrastables y contrastadas.

Para lograr dicha confianza se hace necesaria su evaluación por una tercera parte independiente: la certificación. Es decir, esa evaluación de conformidad solo podrá ser utilizada como aval del sistema de prevención implantado si es llevada a cabo por una organización independiente de lo auditado, imparcial en su juicio al respecto y técnicamente competente para tal certificación. Solo de esta manera, llegado el caso, se podría hacer valer, tanto la voluntad de la organización al implantar el sistema, como su conformidad con estándares reconocidos y su eficacia en la consecución de sus objetivos de carácter general.

Pero para que la certificación aporte el nivel de confianza que estos sistemas requieren es imprescindible que las empresas certificadoras sean organizaciones técnicamente competentes, independientes, fiables y percibidas como tales por todos aquellos que han de confiar en la veracidad y valor de sus certificados. Esta garantía es la que ofrecen los servicios acreditados.

¿En qué consiste la certificación?

A nivel internacional solamente existe una respuesta a esa pregunta y es la Norma ISO 17021: Certificación de Sistemas de Gestión. Solo cuando una empresa ha demostrado que cumple lo establecido en esa norma será identificada a nivel internacional como una Entidad de Certificación de sistemas de gestión y solamente las entidades de acreditación (ENAC en España) están legalmente habilitadas para evaluar y declarar ese cumplimiento mediante un riguroso proceso de auditoría en el que intervienen expertos técnicos en cada actividad acreditada y de acuerdo a criterios establecidos y reconocidos internacionalmente en más de 60 países de todo el mundo.

No obstante, en general, el cumplimiento con esas normas es voluntario (salvo en casos específicos en que un regulador las haya hecho obligatorias) y, por tanto, existen en el mercado empresas que se presentan como entidades de certificación pero que no están acreditadas o lo están solamente para certificar algunos sistemas de gestión.

Por este motivo, las empresas a la hora de contratar servicios de certificación deben ser conscientes de que el hecho de que una organización se presente al mercado como "entidad de certificación" no implica que en su estructura y actuación siga pautas internacionalmente admitidas ni que disponga de la independencia y los medios necesarios para ofrecer el servicio de certificación con el rigor necesario para ser aceptada por el mercado. Solamente las entidades de certificación acreditadas han sido evaluadas y han demostrado a una tercera parte independiente su competencia e imparcialidad para prestar el servicio de certificación.

Fuente: http://www.expansion.com/juridico/opinion/2017/03/02/58b85c1422601d10538b4668.html

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Un hombre es condenado a prisión por falsificar entradas para una fiesta de Nochevieja

Escrito por Alexis el . Publicado en Blog ANTPJI

El condenado copió el modelo y vendió 81 entradas falsas por las que obtuvo 3.645 euros.

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y diez meses de prisión y multa de 1.800 euros a un hombre que falsificó entradas para la fiesta de Nochevieja de 2012 que se celebró en una sala de Santander, según ha informado el TSJ de Cantabria. 

El tribunal resuelve así el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que consideró al hombre responsable de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa.

Además, el hombre deberá indemnizar con 3.645 euros al promotor, quien organizó una fiesta para 800 personas y el 31 de diciembre de 2012 se encontró con un aforo de 881, por lo que el evento resultó deficitario.

Según relata la sentencia, el promotor encargó al acusado la venta de 200 entradas para el cotillón de Nochevieja, acordando una comisión de cinco euros por cada entrada que éste vendiera. 

Sin embargo, el acusado “con intención de injusto enriquecimiento, sin autorización del promotor del evento, procedió a reproducir dichas entradas acudiendo para ello, al menos, a un taller de imprenta”.

Posteriormente, devolvió los talonarios originales al promotor del evento y vendió a terceras personas un total de 81 entradas simuladas, por las que obtuvo 3.645 euros.

En su sentencia, la Audiencia explica cómo “alteró en las copias el color y la numeración consecutiva, con el fin de evitar que su engaño fuera perceptible”.

En este punto, rechaza la alegación del condenado, cuya defensa aduce en su recurso de apelación que no existe estafa pues los hechos no produjeron un engaño a quienes adquirieron las entradas. 

“El recurrente está engañando, en primer lugar, a los organizadores, al vender unas entradas no legítimas y hacer propio el dinero así obtenido y, por otro, a los adquirientes de las mismas, quienes confían en que están comprando entradas originales y, sin embargo, resultan no serlo”, añade el tribunal. 

Por último, en alusión al delito de falsedad documental, señala la Audiencia que si bien las entradas simuladas “no resultan completamente idénticas a las originales por una leve diferencia en la impresión de la numeración de cada una de ellas”, “eran perfectamente confundibles con las auténticas”. 

“Su apariencia era similar a éstas, siendo plenamente aptas para perpetrar el engaño”, añade el tribunal que entiende, por tanto, que “todo ello conlleva un lucro para quien ejecuta dicha actuación y el correlativo empobrecimiento para el perjudicado’’

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